La fundación encabezada por el psiquiatra José Mieses Michel, solicitó a las autoridades del país, mediante una proclama, declarar la Salud Mental como un bien de alta prioridad nacional. Y proceder a anunciar un compromiso del Estado, que se concrete en Políticas Públicas, claras y coherentes, dirigidas a garantizar el bienestar psicológico y emocional de la población.
“La asignación de recursos en conformidad con las apremiantes necesidades de la salud mental, sería un claro indicador de cambio favorable en la visión de las autoridades. Se trata del presupuesto apropiado para el efectivo desarrollo de los programas de promoción de la salud mental y de prevención de los problemas y trastornos mentales”.
El documento señala que el Estado dominicano, tiene el deber de ordenar y tomar las medidas pertinentes para que el Ministerio de Salud Pública organice y ponga en marcha la red de servicios de salud mental comunitaria, indispensable para que las personas con enfermedad mental grave reciban la atención integral adecuada que satisfaga sus necesidades sanitarias, sociales y laborales.
“Solo contando con esos servicios comunitarios cercanos a sus propios hogares podrán ser entrenadas en las habilidades sociales y laborales requeridas para asumir las competencias que les permitan llevar una vida independiente y productiva”.
A continuación, texto completo de la proclama:
Proclama Día Internacional De La Salud Mental, 2021
PASAR DEL ENUNCIADO A LA ACCIÓN, DE LA LEY A LA APLICACIÓN, DE LA INTENCIÓN A LA RESOLUCIÓN
En ocasión de celebrarse, este 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental, la Fundación en Apoyo a las Personas con Enfermedad Mental y la Red de Familiares y Amigos de las personas con enfermedad mental, hacen un llamado a las autoridades de los distintos poderes del Estado, a los líderes religiosos y comunitarios, a los profesionales y a la población en general para reflexionar sobre el sitio que debe ocupar la Salud Mental en la agenda nacional.
En este momento, el tema de la salud mental se ha situado en el centro del interés y de la conciencia de un amplio sector de la población por el impacto de la pandemia del Covid-19 en la vida psicológica y emocional de la gente. El estrés, el miedo, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre generados por esta nueva y desafiante situación, con sus secuelas de ansiedad, depresión y duelo, entre otras, obliga a repensar el grado de importancia que debe tener la salud mental en el Sistema de Salud.
A todas luces, urge reposicionar la salud mental, subestimada de manera desconcertante por los gobiernos desde hace siglos. Pero ya no es posible seguir ignorando su crucial significación sin pagar un precio altísimo en el presente y el futuro. Solo reconociendo la enorme importancia que la salud mental reviste para la población se pueden llevar a cabo las estrategias, políticas y acciones indispensables para encarar problemas en este vital campo de la salud, cuyas soluciones se han postergado o minimizado o ignorado.
Por lo tanto, solicitamos a las más altas autoridades del país declarar la Salud Mental como un bien de alta prioridad nacional. Y proceder a anunciar un compromiso del Estado, que se concrete en Políticas Públicas, claras y coherentes, dirigidas a garantizar el bienestar psicológico y emocional de la población. Estas políticas deben establecer como prioridad proteger y respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y sanitarios de las personas con enfermedad mental. El grupo más vulnerable entre todos, el conformado por las personas con enfermedad mental grave asociada a discapacidad psicosocial, debe recibir una atención preferencial.
La asignación de recursos en conformidad con las apremiantes necesidades de la salud mental, sería un claro indicador de cambio favorable en la visión de las autoridades. Se trata del presupuesto apropiado para el efectivo desarrollo de los programas de promoción de la salud mental y de prevención de los problemas y trastornos mentales.
Lo que se espera, y es justo y preciso y acorde con los tiempos, son Políticas Públicas, estrategias y medidas que hagan respetar el principal derecho que tienen las personas que sufren trastornos mentales graves: el de vivir en sus comunidades del modo más independiente posible, gozando de las libertades fundamentales y con acceso al trabajo productivo, sin discriminación por su condición de discapacidad psicosocial. Derecho que ha sido consignado en varios de los convenios internacionales refrendados por el Estado dominicano.
Es, en verdad, un derecho constitucional. En nuestra Carta Magna, en el artículo 58, sobre las personas con discapacidad se lee: “El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”.
Contraviniendo este derecho inherente a su dignidad humana, las personas con enfermedad mental grave presentan la estampa de la condición de vida más reducida, la más apesadumbrada a la que pueda ser sometida una persona. Lejos de vivir libremente en sus comunidades, viven, en pleno siglo XXI, en un estado de total aislamiento social, en sus casas sin nada que hacer, a veces encerradas o deambulando sin rumbo, desprotegidas, excluidas de atención sanitaria, de apoyo.
El Estado dominicano, en la figura de su máxima representación, tiene el deber de ordenar y tomar las medidas pertinentes para que el Ministerio de Salud Pública organice y ponga en marcha la red de servicios de salud mental comunitaria, indispensable para que las personas con enfermedad mental grave reciban la atención integral adecuada que satisfaga sus necesidades sanitarias, sociales y laborales. Solo contando con esos servicios comunitarios cercanos a sus propios hogares podrán ser entrenadas en las habilidades sociales y laborales requeridas para asumir las competencias que les permitan llevar una vida independiente y productiva.
Las familias de las personas con enfermedad mental grave necesitan ser escuchadas. Necesitan la solidaridad y, sobre todo, la urgente acción gubernamental manifiesta en un Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial, que se concrete en Centros Comunitarios de Salud Mental, Centros de Día de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Rehabilitación laboral, funcionando en las comunidades, así como viviendas tuteladas y residencias protegidas para aquellas personas que no cuentan con apoyo familiar adecuado.
Urge que se honren los convenios internacionales que proclaman los derechos de las personas con enfermedad mental grave, que se cumpla el mandato de la Constitución de la República que protege a las personas con discapacidad psicosocial, así como las demás leyes nacionales sobre salud, en especial, la Ley 12-06 sobre Salud Mental. Esta en su artículo 44 dispone: “Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas de las personas con discapacidad mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales y socio sanitarios”.
Pasando, definitivamente, del enunciado a la acción, de la ley a la aplicación, de la intención a la resolución, se darán pasos relevantes para reducir el estigma y la discriminación contra las personas con discapacidad psicosocial y para propiciar un ambiente digno y saludable para ellas y sus familiares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario